Artículo 49-Bis: cuando una factura ya no es suficiente para demostrar una operación
La fiscalización en México está entrando en una etapa en la que contar con un comprobante fiscal ya no necesariamente significa que una operación esté plenamente respaldada.
A partir del 1 de enero de 2026, se adicionó un inciso g) a la fracción V del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación (CFF), otorgando a las autoridades fiscales nuevas facultades para verificar que los comprobantes fiscales amparen operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales.
Como parte de este nuevo esquema se incorporó el artículo 49-Bis del CFF, que establece un procedimiento específico para la comprobación de operaciones simuladas y falsos comprobantes fiscales.
Para las empresas, el mensaje es claro: la documentación fiscal debe ir acompañada de evidencia que permita acreditar la realidad y materialidad de las operaciones.
¿Qué contempla el nuevo procedimiento?
El artículo 49-Bis establece un procedimiento de fiscalización que busca verificar, de manera específica, si los CFDI emitidos por un contribuyente corresponden a operaciones reales.
Entre los aspectos señalados en el análisis de Daniel Gómez se encuentran:
1. La autoridad debe fundamentar y motivar la visita
La autoridad fiscal deberá emitir una orden de visita en la que señale el motivo por el cual presume que los comprobantes fiscales digitales emitidos por el contribuyente podrían ser falsos.
La diligencia puede entenderse con cualquier persona que se encuentre en el establecimiento, sin que necesariamente tenga que realizarse directamente con el representante legal.
2. La revisión puede ir más allá del domicilio fiscal
Las visitas pueden llevarse a cabo en distintos lugares relacionados con las actividades del contribuyente: domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, oficinas, bodegas, almacenes o incluso lugares donde se realicen las actividades o se presten los servicios amparados por los CFDI
Esto significa que la autoridad puede buscar elementos que permitan comprobar que la empresa cuenta efectivamente con la infraestructura y capacidad necesarias para realizar las operaciones facturadas.
3. La tecnología también forma parte de la fiscalización
Durante la diligencia, los visitadores pueden utilizar herramientas tecnológicas, incluyendo cámaras fotográficas y grabaciones de audio y video, para documentar si el negocio cuenta con infraestructura real para operar.
Por ello, la materialidad de una operación no debe entenderse únicamente como un conjunto de documentos fiscales. También puede involucrar elementos físicos, operativos y documentales que permitan demostrar que aquello que se facturó realmente ocurrió.
El punto crítico: la suspensión del Certificado de Sello Digital
Uno de los aspectos más relevantes del procedimiento es que, desde el inicio de la verificación, se contempla la suspensión inmediata de la emisión de comprobantes fiscales, mediante el bloqueo del Certificado de Sello Digital (CSD), hasta que se emita la resolución correspondiente.
Para una empresa, esto puede tener una dimensión que va mucho más allá del ámbito fiscal.
La imposibilidad de emitir CFDI puede afectar procesos de facturación, cobranza y operación comercial. Por eso, contar con controles preventivos y documentación organizada puede ser determinante para responder oportunamente ante una revisión.
Cinco días para demostrar la materialidad
Otro elemento especialmente relevante es el plazo para presentar pruebas. Una vez levantada el acta de inicio y señaladas las posibles irregularidades, el contribuyente cuenta con cinco días para aportar los medios de prueba y las manifestaciones que considere necesarias para demostrar la materialidad y efectiva realización de las operaciones.
Las pruebas deben estar relacionadas directamente con el objeto de la visita y permitir sustentar las operaciones cuestionadas.
Entre los ejemplos señalados en el artículo se encuentran:
Contratos.
Entregables.
Bitácoras.
Fotografías.
Videos.
Documentación relacionada con la operación.
El punto central es que la evidencia no debe reunirse de manera improvisada cuando ya existe una revisión. La empresa debe construir y conservar su expediente probatorio desde que realiza la operación.
Una resolución en un plazo reducido
Una vez concluido el plazo de cinco días para ofrecer pruebas, la autoridad cuenta con 15 días hábiles para emitir la resolución en la que determine si las operaciones son auténticas o simuladas.
Esto vuelve especialmente importante la capacidad de respuesta de las empresas.
Cuando la información se encuentra dispersa entre diferentes áreas —contabilidad, compras, operaciones, jurídico, administración o dirección— reconstruir la historia de una operación en un plazo reducido puede representar un reto importante.
¿Qué puede ocurrir si no se acredita la operación?
Si el contribuyente no logra desvirtuar las observaciones mediante pruebas sólidas que acrediten la existencia y efectiva realización de las operaciones, el procedimiento puede generar consecuencias relevantes.
El análisis publicado por Daniel Gómez señala, entre otras:
Determinación de falsedad: los comprobantes pueden considerarse formalmente falsos y las operaciones contenidas en ellos pueden perder sus efectos fiscales.
Cancelación del CSD: la suspensión temporal puede convertirse en una cancelación definitiva del Certificado de Sello Digital, imposibilitando la emisión de comprobantes fiscales.
Publicación del contribuyente: el nombre y RFC del contribuyente revisado pueden ser publicados en el Portal del SAT y en el Diario Oficial de la Federación.
Impacto en clientes: los receptores de los comprobantes emitidos por contribuyentes publicados pueden verse obligados a revertir los efectos fiscales que hubieran dado a dichos comprobantes.
Posibles efectos penales: el artículo también señala el riesgo de que, ante la actualización de determinadas conductas relacionadas con la emisión de falsos comprobantes fiscales, se active el riesgo de tipificación de delitos fiscales conforme al artículo 113 Bis del CFF.
El verdadero reto para las empresas: demostrar la materialidad
La fiscalización de operaciones simuladas plantea una pregunta que las empresas deberían hacerse antes de que llegue una revisión:
¿Podemos demostrar documental y operativamente que cada una de nuestras operaciones realmente ocurrió?
No basta con tener un CFDI.
Una operación empresarial puede requerir contratos, órdenes de compra, cotizaciones, evidencia de entrega, reportes, correos electrónicos, fotografías, bitácoras, comprobantes de pago, documentación de los servicios prestados y otros elementos que permitan construir una trazabilidad clara.
La documentación deberá corresponder a la naturaleza de cada operación y permitir explicar de manera coherente qué se contrató, quién lo realizó, cómo se realizó, cuándo ocurrió y cuál fue el resultado.
La prevención comienza antes de la fiscalización
Uno de los principales mensajes del análisis de Daniel Gómez es que las empresas necesitan fortalecer sus mecanismos de prevención.
El artículo concluye destacando la importancia de contar con un sistema que permita monitorear constantemente los listados relacionados con el artículo 69-B del CFF y revisar las operaciones realizadas, además de recordar que ya no basta con el comprobante fiscal: es necesario dar materialidad a las operaciones.
En otras palabras, la defensa fiscal de una empresa no debería comenzar cuando llega una visita domiciliaria.
Debe comenzar mucho antes.
Desde la contratación de un proveedor hasta la recepción de un servicio, desde la generación del CFDI hasta su registro contable, cada etapa puede formar parte de la evidencia que posteriormente permita demostrar que una operación fue real.
¿Qué deberían revisar las empresas?
Ante este nuevo escenario de fiscalización, resulta conveniente revisar de manera preventiva:
Expedientes de proveedores y clientes.
Contratos y documentación comercial.
Evidencia de la prestación efectiva de servicios o entrega de bienes.
Trazabilidad entre CFDI, pagos y registros contables.
Documentación operativa que respalde las operaciones.
Procesos internos para detectar oportunamente riesgos relacionados con proveedores.
Monitoreo de los listados publicados por la autoridad.
Protocolos de respuesta ante una eventual revisión fiscal.
El objetivo no es únicamente cumplir con una obligación documental. Se trata de generar certeza, trazabilidad y capacidad de respuesta para la empresa.
Una factura documenta una operación. La materialidad demuestra que ocurrió.
El artículo 49-Bis representa un cambio importante en la forma en que las empresas deben entender la documentación de sus operaciones.
La autoridad cuenta ahora con herramientas específicas para verificar la existencia y autenticidad de las operaciones que respaldan los comprobantes fiscales. Ante ello, las empresas necesitan pasar de una visión reactiva del cumplimiento a una gestión preventiva de sus riesgos fiscales.
Porque cuando una revisión llega, ya no se trata solamente de presentar una factura. Se trata de demostrar la operación que existe detrás de ella.
Fuente
Gómez Gómez, Daniel Antonio. “Visitas Domiciliarias para la Comprobación de Operaciones Simuladas y Falsos Comprobantes Fiscales. Artículo 49-Bis del Código Fiscal de la Federación”, Visión Contable, septiembre 2026, Comisión Fiscal II, Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco, p. 45 y ss.
Comentarios